La orden fue clara: antes del 15 de diciembre de 2009 deben estar aprobadas las leyes que impulsen la revolución de Hugo Chávez.
En caso de que los diputados se tarden mucho, se le dará poder de legislar al jefe de Estado para que, como un pintor a su obra, modele el país de acuerdo con sus necesidades e intereses, aumente su poder, autoritarismo y por ende, su permanencia al mando.
Desde su llegada, Chávez se ha encargado de reescribir la historia del país y de manejar los poderes públicos a su antojo. No es de extrañar su solicitud, en especial cuando su popularidad está en descenso y su proyecto político pierde credibilidad.
Debe atornillar las tuercas de su propuesta para garantizar que la revolución socialista se quede en Venezuela. Se aniquila la democracia.
Sin embargo, mientras los parlamentarios complacen sus peticiones, al igual que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía, la Contraloría, y el resto de las instituciones del Estado, los venezolanos padecen la falta de seguridad, de justicia y el alto costo de la vida.
Le han dado a Chávez todas las facilidades para que continúe burlándose de ellos. Ya pasó el 2 de diciembre de 2007 con la reforma de la Constitución, cuando los venezolanos rechazaron su propuesta y se insiste en aprobarla por otras vías. Lo triste es que, aunque la gente se queje no hay verdaderas acciones que le hagan frente. Al contrario, se acostumbran y se amoldan a las nuevas circunstancias.
domingo, 26 de julio de 2009
Repetidoras de Miraflores
Expertos en comunicación y directores de escuelas de periodismo consideran que el Gobierno afianza cada día más su hegemonía mediática en el país। Coinciden en que se engaña a la población cuando se habla de la democratización del espectro radioeléctrico porque lo que se pretende es acabar con las críticas।
El martes el presidente Hugo Chávez anunció la creación de una radio popular que operaría en las frecuencias de las 240 emisoras que Conatel podría cerrar. “Las emisoras afectas al proceso político son una especie de repetidoras de lo que salga de Miraflores. No es gratuito que el Ministerio de Comunicación e Información tenga una oficina de medios comunitarios y que en el presupuesto nacional haya una partida para su financiamiento”, dijo el director de posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello Marcelino Bisbal.
Indicó que el Gobierno no se conforma con tener 6 estaciones de televisión, 2 circuitos de radio nacional, más de 100 páginas de Internet, 1 imprenta en la que se editan discursos presidenciales y folletos, y la Villa del Cine.
Tinte político
La medida de revocar las concesiones a 240 emisoras de radio en el país tiene un tinte político para el investigador del Centro de la Comunicación de la UCAB Andrés Cañizales. No cree que el objetivo sea la democratización.
Criticó que las radios comunitarias divulgan mensajes que incitan al odio y la violencia. A su juicio, lo más preocupante es que no se toman correctivos al respecto y se evidencia que la ley se aplica sólo a los sectores críticos e independientes.
Lamentó que mientras en el mundo se discute sobre las nuevas tecnologías de la comunicación y de la forma de multiplicar el número de radios y televisoras, en el país trata de limitarlo.
Problema de ignorancia
El ex director de la Escuela de Comunicación Social de la UCV Adolfo Herrera sostiene que el programa de locución que dicta la escuela pretende elevar la calidad de la comunicación.
Criticó que Chávez diga que los que realizan el curso son opositores y que se les cobre 2.000 bolívares. Dijo que el programa nació de un trabajo que realizó el Centro de Investigaciones de Estudios para la Comunicación en América Latina que patrocinaba la Unesco en los años noventa, el cual concluyó que los venezolanos querían que se mejorara la calidad de los locutores.
“Cualquiera no se puede parar ante un micrófono y defenderse con un vasto vocabulario. El Gobierno desconoce el concepto de comunicación y cree que todos pueden ejercerla. No entiende la responsabilidad de transmitir información. Queda en evidencia cuando se escuchan los discursos de altos personeros del Ejecutivo que dan pena. Es un problema de ignorancia”, dijo.
Indicó que el Gobierno no se conforma con tener 6 estaciones de televisión, 2 circuitos de radio nacional, más de 100 páginas de Internet, 1 imprenta en la que se editan discursos presidenciales y folletos, y la Villa del Cine.
Tinte político
La medida de revocar las concesiones a 240 emisoras de radio en el país tiene un tinte político para el investigador del Centro de la Comunicación de la UCAB Andrés Cañizales. No cree que el objetivo sea la democratización.
Criticó que las radios comunitarias divulgan mensajes que incitan al odio y la violencia. A su juicio, lo más preocupante es que no se toman correctivos al respecto y se evidencia que la ley se aplica sólo a los sectores críticos e independientes.
Lamentó que mientras en el mundo se discute sobre las nuevas tecnologías de la comunicación y de la forma de multiplicar el número de radios y televisoras, en el país trata de limitarlo.
Problema de ignorancia
El ex director de la Escuela de Comunicación Social de la UCV Adolfo Herrera sostiene que el programa de locución que dicta la escuela pretende elevar la calidad de la comunicación.
Criticó que Chávez diga que los que realizan el curso son opositores y que se les cobre 2.000 bolívares. Dijo que el programa nació de un trabajo que realizó el Centro de Investigaciones de Estudios para la Comunicación en América Latina que patrocinaba la Unesco en los años noventa, el cual concluyó que los venezolanos querían que se mejorara la calidad de los locutores.
“Cualquiera no se puede parar ante un micrófono y defenderse con un vasto vocabulario. El Gobierno desconoce el concepto de comunicación y cree que todos pueden ejercerla. No entiende la responsabilidad de transmitir información. Queda en evidencia cuando se escuchan los discursos de altos personeros del Ejecutivo que dan pena. Es un problema de ignorancia”, dijo.
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